El Senado de México ha aprobado la imposición de multas de hasta 47.000 dólares a hoteles, restaurantes u otros propietarios que restrinjan el acceso a las playas del país.
El proyecto de ley aprobado por unanimidad la semana pasada también requiere que los propietarios permitan el acceso público a través de sus lotes a las playas que no tienen caminos de acceso.
El proyecto de ley ahora pasará al presidente para su aprobación. Los mexicanos se han enfadado durante mucho tiempo con los restaurantes privados, clubes y hoteles que levantan barreras o emplean guardias para mantener a los locales fuera de "su" tramo de playa.
La ley federal ya establece que no se puede negar al público el acceso a un espacio a 20 metros tierra adentro desde la línea de marea alta, pero algunos negocios delimitan áreas exclusivas casi hasta la orilla del agua. Los negocios que violen la ley repetidamente podrían perder sus permisos para operar en cualquier parte de la playa.
En febrero, dos turistas mexicanos fueron detenidos brevemente en el centro turístico caribeño de Playa del Carmen después de negarse a abandonar una franja de arena que había sido ocupada por un restaurante local para poner mesas para los clientes que pagaban. Las detenciones provocaron protestas y el gobierno local se disculpó posteriormente.
El "club de playa" privado había estado cobrando por utilizar sillas de salón colocadas casi hasta el borde del agua, y llamó a la policía municipal cuando la pareja se negó a dejar lo que el club llamó "un pasillo de servicio" en la arena. En un vídeo publicado en los medios de comunicación social se veía a la pareja esposada y expulsada de la playa por la policía, mientras que otras personas se oponían, señalando que el acceso a la playa está protegido por la ley.
La cuestión también ha cobrado importancia durante la pandemia, ya que se cerraron oficialmente las playas públicas en gran parte de la costa caribeña de México como medida sanitaria, pero los turistas -a menudo extranjeros- pudieron seguir disfrutando de las arenas a través de los centros turísticos u hoteles que tienen acceso directo a la playa.
La senadora del Partido Laborista Alejandra del Carmen León elogió la nueva ley y dijo que la práctica de otorgar "concesiones" de playa a empresas privadas en el pasado constituía "un acto de clasismo y discriminación" contra las familias mexicanas locales.
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